El mal gobierno y la corrupción: la herencia colonial a inicios de la república

Los últimos acontecimientos de la realidad política del país, ponen de manifiesto una vez más en la historia, un problema estructural en la administración del estado peruano y la sociedad, no resuelto hasta hoy: la corrupción. Un estudio sobre el tema nos lleva a notar que este grave problema no nació con la República, sino que se heredó del régimen colonial y se mantuvo enquistado en el naciente aparato de gobierno republicano, que no pudo establecer nuevas instituciones y asumió la continuidad de las principales características del gobierno interior instaurado en las postrimerías de la administración colonial.

En un análisis histórico de la época colonial, para conocer cómo aparecen los elementos de corrupción y robo en este período, tenemos el valioso texto de Felipe Guamán Poma de Ayala, “El primer nueva corónica y buen gobierno”.[i] Escrito en 1616, luego de más de ocho décadas de la llegada de los españoles y conquista del Tahuantinsuyo, Guamán Poma se dirige al Rey para exponer la situación del reino de las Indias; es decir, del virreinato del Perú y su sistema de gobierno. En su obra, precisa la corrupción de los corregimientos y el abuso contra los indios, sus bienes y contra aquellos que osaban reclamar. Lo refiere así:

“Que los dichos corregidores, quandorreciben el tributo, con color de ella rreciben más plata de lo que fue tasado. Y lleua otros carneros de más con color de la tasa los dichos tinientes y mayordomos. Y sacan a fuersa de la hazienda de los pobres yndios y no ay rremedio.

Que los dichos corregidores y padres y comenderos quieren muy mal a los yndios ladinos que sauen leer y escriuir, y más ci sauenhazer peticiones, porque no le pida en la rrecidencia de todo los agrauios y males y daños. Y ci puede, le destierra del dicho pueblo en este rreyno”.[ii]

Es más, en sus “consideraciones”, Guamán Poma expone al Rey la vida cotidiana en la época de los incas, con los elementos de honradez existentes en sus viviendas sin necesidad de cerrojos, y la compara con la situación en “este reyno”, –  la colonia -, donde proliferaron los ladrones, tanto indios como españoles;describiéndolos de esta manera:

“CONZEDERACIÓN. Cómo ay muy famosos ladrones y jugadores, rrufianes, salteadores y mintirosos, peor que negros, españoles como en Castilla en este rreyno. Porque en tienpo de los Yngas no tenían puertas ni caxa ni serradura, llaues. Tenían sus casas serrado con dos palillos. Agora ay grandícimos ladrones que desserraxan y hurtan y rroban los yndios como españoles…”.[iii]

“… Conzedera cómo le hurta y rroba los españoles pasageros, caminantes que llegan a los dichos tanbos [mesón] y pueblos y le dan de palos a los pobres de los yndios, alcaldes y mitayos [el que trabaja] y le carga por fuerza como a caballo y animal los dichos españoles cristianos de fuerza en este rreyno. Aués de conzederardesto”.[iv]

VIDA DE LOS LADRONES. El demonio promete: “Vas a robar bien. Yo te voy a ayudar”;

y el ladrón contesta: “Aquí tienes cien monedas de plata”.

Fuente: Felipe Guaman Poma de Ayala, en “El primer nuevacorónica y buen gobierno (1616)”,

Centro digital de investigación de la Biblioteca Real de Dinamarca, Copenhague.

 

Luego de más de 100 años de lo descrito por Guamán Poma, la situación de la colonia no varió; es más, el régimen de gobierno colonial se arraigó, de tal forma que la corrupción y el abusoechó profundas raíces en la administración del país, erosionó el estado y la sociedad.La corona peninsular comprendió que no podían mantener más ese sistema corrupto; sin embargo, los intentos para cambiar el mismo, resultaron infructuosos. A los Corregimientos siguieron las Intendencias, implementadas estas últimas para mejorar el sistema; empero se afirmaron también continuidades del mal gobierno, como veremos a continuación.

Los Corregimientos: Un legado lesivo de la administración colonial

En el año de 1735, los jóvenes sabios españoles Jorge Juan y Santacilla, y Antonio de Ulloay de la Torre-Giralt,con el patrocinio de la corona peninsular, se sumaron a una expedición científica francesa dirigida al virreinato del Perú, con la misión de medir el arco de un meridiano del Ecuador, en las proximidades de Quito. Concluida su misión científica, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, se abocaron a realizar la verificación dela situación de los puertos de las costas del Pacífico, así como a recorrer el interior del país describiendo con exactitud el modo de gobierno colonial imperante; con ello, permitieron divulgar el conocimiento de los abusos cometidos por las autoridades locales, el estado de corrupción y la opresión existente en el virreinato del Perú.

Diez años duró la estadía de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el nuevo continente,cuyo trabajo quedó plasmado en un informe elaborado en 1748-1749, en manuscrito titulado “Discurso y Reflexiones políticas de los Reynos del Perú”[v], el cual se mantuvo inédito por más de siete décadas, aunque fue referente para las autoridades del Rey en relación a los asuntos americanos.[vi] En 1826, dicho informe fue publicado extraoficialmente en Londres con el nombre de: “Noticias Secretas de América” [vii]. Fue tal la conmoción que causó el informe de estos jóvenes liberales en las autoridades peninsulares, que el gobierno español prohibió su difusión.

Jorge Juan y Antonio de Ulloa refieren que a mediados del siglo XVIII, el sistema colonial estaba tan caracterizado por sobornos, corrupción y mal gobierno que hasta los virreyes más probos que arribaban al Perú con los mejores propósitos para su administración, terminaban absorbidos en este sistema fallido.

Dicho sistema permitía al virrey nombrar funcionarios, corregidores y a los funcionarios del tesoro, lo que aperturaba el arca para la corrupción; y la situación se tornaba más caótica cuando a partir de 1678 se ponía en práctica la venta del cargo de corregidores. Más aún, el sistema de justicia que imponía un juicio de residencia al término del ejercicio del virrey y corregidores, al final resultaba indulgente con éstos producto de relaciones de amistad y comercio forjadas en el tiempo.

Los corregidores constituían la principal autoridad local en el virreinato, en el ámbito de una provincia, representando al Rey y al virrey. Su principal función era la judicial, es decir corregir los abusos contra los indios; además, eran los responsables de la cobranza de los tributos. Sin embargo, el corregidor fue el principal agente del abuso y la corrupción. Primero, distribuía su mercadería sobrevalorada a los indios, en el denominado sistema de “repartimientos”, – que en la mayoría de casos eran bienes innecesarios y no requeridos por estos -; luego apoyado en su propia fuerza pública ejercía los cobros. Segundo, si los indios presentaban alguna demanda contra los abusos comerciales, como Juez, desatendía las mismas o atemorizaba a los indígenas en continuar con sus propósitos. Tercero, reclutaban la mano de obra indígena para los trabajos forzados denominados “mitas”, donde los salarios de los indios quedaban minimizados, pues en su mayoría solo servían para el pago de las deudas contraídas con el propio corregidor, de tal forma que el resto del salario no permitía la subsistencia de los indígenas, quienes tenían que volver a endeudarse y trabajar en este círculo vicioso de abuso. Cuarto, en el cobro de tributos elaboraban dos listas: una con la cantidad real de indios tributarios, y otra con una cantidad menor de estos; siendo esta última lista la que reportaban al tesoro colonial, con lo cual los corregidores se apropiaban de la diferencia. En suma, no había justicia, imperaba el abuso de autoridad y la corrupción.

El corregidor discute con un encomendero sobre quién ha de llevar más dinero:

“COREG[ID]OR I COMENDEro tienen pendencia sobre los rreales, quién a de lleuar más”.

Fuente: Felipe Guaman Poma de Ayala, en “El primer nuevacorónica y buen gobierno (1616)”,

Centro digital de investigación de la Biblioteca Real de Dinamarca, Copenhague.

 

Resultaba entonces que siendo los corregidores los encargados de la protección de los indios, y velar por el cumplimiento de las leyes a favor de estos, eran los primeros en quebrantarla y solo buscaban su beneficio personal, llegando a acumular grandes riquezas. Los actos de las autoridades coloniales eran totalmente contrarias a las Leyes de Indias, como se apreciaba en los abusos de la “mita”. Más aún, a pesar que la corona conocía de estos abusos y sistema corrupto, poco se hizo en décadas del mismo.

En sus Memorias, el virrey Manuel Amat y Junyent (1761-1776), no obstante ser parte del sistema corrupto, endosa responsabilidades y describe los intereses particulares de los corregidores: “los guardianes de las leyes y ordenanzas provistas para el beneficio de los indios eran los corregidores… Son ellos los mismos hombres quienes los venden a los obrajes, quienes los envían a trabajar a las minas, cocales y cañaverales, haciendo así las ganancias que son el único fin de sus operaciones”.[viii]

Indican J. Juan y A. de Ulloa, que a los indios no les quedaba otro recurso que la rebelión contra los abusos del corregidor. Esta fue la causa del alzamiento de Juan Santos Atahuallpa (1742-1756); y más adelante, de una serie de disturbios locales contra varios corregidores, hasta llegar al movimiento de Túpac Amaru (1780-1783).

Los virreyes estaban en la cúspide del sistema y del problema, enfrascados en gobernar a su modo y sin oposición interna, eran envueltos por la vida cortesana y los intereses comerciales de los acaudalados de la capital y hacendados influyentes; por su poder, varios de ellos no vacilaban en recibir sobornos para otorgar cargos vacantes, o en influenciar en sentencias parcializadas. Era notorio su agrado en recibir las “alabanzas como protector de las libertades y privilegios de los americanos”.[ix] En este sistema, los virreyes se coludían con las autoridades locales y de manera interesada permitían los abusos o hacían caso omiso de ellos, contando con la tolerancia de la Audiencia. En resumen, J. Juan y A. de Ulloa, indubitablemente sentencianasí la corrupción colonial:“Empieza el abuso del Perú desde aquellos que debieran corregirlo”.[x]

COREG[ID]OR TIENE PRESO y amolestado a don Cristóbal de León, segunda persona, porque defendió a los yndios de la prouincia. El corregidor amenaza:“Te voy a colgar, te voy a expulsar a las galeras, pleytistabellaco yndio”; y Cristóbal de León responde: “Por mi gente, yo voy a sufrir en este cepo”.

Fuente: Felipe Guaman Poma de Ayala, en “El primer nuevacorónica y buen gobierno (1616)”,

Centro digital de investigación de la Biblioteca Real de Dinamarca, Copenhague.

 

Las Intendencias: Una solución insuficiente a postrimerías de la era virreinal

En el Perú virreinal, la instalación del régimen de la Intendencias constituye el resultado de la visita general de José Antonio de Areche y Jorge Escobedo, iniciada al territorio peruano a partir de 1777 hasta 1785. Esta visita general, constituía parte importante de las reformas borbónicas emprendidas para revisar la administración del régimen virreinal y mejorar sus ingresos.

Los visitadores Areche y Escobedo constataron que el régimen imperante en el virreinato del Perú, sustentado en los corregimientos, se encontraba en decadencia. Por tanto, para instalar el sistema de Intendencias, de modelo francés y utilizado en la península, se debía ir desmontando el antiguo sistema deficiente de la colonia, caracterizado por sus abusos y corrupción. En ese contexto, la introducción del nuevo programa de reformas administrativas, judiciales y financieras, encontró una fuerte resistencia en los intereses de los criollos, el conservadurismo virreinal, la deficiente administración económica y judicial, así como en el arraigamiento de un sistema que había funcionado por siglos.[xi]

Uno de los asuntos impostergables por purgar en el sistema de corrupción local era el de los repartimientos, además se debía reformar el cobro de tributos, evitando el fraude de los recaudadores locales; todo ello dentro de un escenario social de abusiva explotación de los indios. Asimismo, era necesario reformar el sistema judicial y la estructura del gobierno central en Lima, para finalmente impulsar la economía.

Este proceso reformista chocó directamente con los intereses de la burocracia virreinal. En primer lugar, es el propio virrey Manuel de Guirior (1776-1780) quien empieza a enfrentar la labor de Areche, al verse amenazada su autoridad y potestad de dar privilegios locales. Es el caso que Guirior se oponía a elevar impuestos de alcabala a bienes peruanos, lo que afectaba al círculo de criollos influyentes que rodeaban al virrey. El enfrentamiento entre ambos estaba declarado y al ser visto el virrey como un obstáculo para la implementación de las reformas, el Ministro de Indias anticriolloe impulsor del sistema de Intendencias, José de Gálvez, no dudó en destituir a Guirior en 1780. El virrey reemplazante Agustín de Jáuregui (1780-1784) no corrió diferente suerte al continuar las disputas con Areche y ser cuestionado por emprender una respuesta militar “blanda” ante la revolución de Túpac Amaru. Como resultado, en 1781 Areche es llamado a retornar a España, siendo reemplazado en la visita por Jorge Escobedo; de otro lado, Jáuregui fue removido del cargo de virrey y reemplazado por Teodoro de Croix (1784-1790), quien llegaba con instrucciones de apoyar la labor de Escobedo para la creación de las Intendencias. Así, en el contexto de lucha de poderes de los virreyes “locales” frente a los visitadores y las reformas, terminó imponiéndose un nuevo régimen administrativo para el virreinato, sostenido en el sistema de Intendencias.

En este periodo, la rebelión de Túpac Amaru de 1780-1783 con sus implicancias de carácter militar, social y fiscal en el virreinato del Perú, no solo sufrió un cruento abatimiento, sino que logró fortalecer el proceso de afianzar el poder central peninsular sobre el virreinato, atemorizando a los criollos ante cualquier intento de oposición a las reformas fiscales en curso; sin embargo, también dio el sustento necesario a la corona para erradicar el sistema corrupto de administración provincial, que se consideraba causa del movimiento insurreccional.[xii]

Como resultado, en 1784 se instaló el sistema de Intendencias en el Perú, comprendiendo: Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica, Tarma y Trujillo; posteriormente, en el año 1796 se agregó la Intendencia de Puno, transferida del virreinato del Río de la Plata.

La designación de los Intendentes implicó también la demostración del poder peninsular sobre el poder local, reduciendo la autoridad del virrey e instalando en las capitales provinciales a funcionarios poderosos y proclives al Rey, la mayoría de ellos militares. De esta manera, de los siete Intendentes nombrados en 1784, seis fueron peninsulares, tendencia que se mantuvo hasta 1810;[xiii]situación que cambió con la nueva coyuntura política en España y el continente, y se empiezan a nombrar Intendentes criollos hasta el advenimiento de la república.

Este sistema de Intendencias, sufrió también reveses al fallecer su principal impulsor, el Ministro de Indias José de Gálvez. Sus sucesores empiezan a desmontar las superintendencias y paralizar la extensión de dicho sistema al virreinato de Nueva Granada. Con ello, en 1787 Escobedo es llamado a la península para ocupar un puesto de consejero de la Cámara del Consejo de Indias y entrega sus poderes de superintendente al virrey; se inicia entonces un proceso de recuperación del poder virreinal en el Perú, sobre el cual diría el virrey Croix:“mi autoridad estaba menos restringida y mis decisiones eran más efectivas”.[xiv]

En 1803, se consolida el sistema con la emisión de la Ordenanza General de Intendentes, Subdelegados y demás empleados en Indias; la cual empezaba de la siguiente manera:

“Art. 1.- Siendo mi real voluntad que el mando de cada provincia esté a cargo de una sola persona con el título de Intendente…. Se le reunirán los gobiernos políticos y militares, y los corregimientos o alcaldías mayores…”.

Mediante esta ordenanza se establecía un mayor rigor en régimen administrativo, con atribuciones extensas en ramas de justicia, policía, guerra y hacienda, además confirmaba que las superintendencias debían ser llevadas por los virreyes. Asimismo, esta norma establecía sueldos fijos para los Intendentes, entre 5,000 a 7,000 pesos, según sean capitales de virreinato o del interior. Además, el Art. 28 establecía indubitablemente que “Los Intendentes serán jefes superiores de todos los jueces y empleados de su provincia… y les estarán todos indistintamente subordinados en las causas de hacienda y guerra, sin excepción alguna de ramos y oficinas…”, empoderando significativamente la autoridad del Intendente.

El sistema contaba también con la importante participación de los subdelegados, como subordinados de los intendentes para el gobierno de las extensas provincias. Los subdelegados eran elegidos por los intendentes, entre personalidades locales y ejercían su autoridad en los partidos de su jurisdicción, en los asuntos de administración pública, real hacienda, justicia y guerra, actuando en nombre del Intendente y siendo su base los pueblos antes gobernados por los corregidores. Sin embargo, uno de los asuntos controversiales fue que estos subdelegados no contaban con un salario fijo, sino que recibían el 3% del tributo que recogían en sus respectivos partidos; con lo cual, este cargo resultó inapetecible para las oligarquías tradicionales locales, ya que no le otorgaban los beneficios esperados. Más aún, estos subdelegados, terminaban buscando mayores ingresos replicando las prácticas corruptas de los abusos que las propias reformas trataron de extinguir; con ello, este cargo de gobierno representaba el “talón de Aquiles” del sistema.[xv]

En este contexto, se conjugó el ocaso del régimen virreinal: en 1808, con la crisis monárquica en la península; en 1812, en el contexto liberal de la Constitución gaditana; en 1814, con la vuelta al absolutismo; y en el periodo 1809-1824, con las guerras de la independencia en América.

En suma, con el sistema de Intendencias, los intendentes demostraron mayor honestidad y preparación en sus funciones que los antiguos corregidores, y si bien se logró elevar la recaudación fiscal, estas reformas fueron insuficientes. No se logró quebrar las redes locales de poder económico y político, ni absorber el poder virreinal; másaún, no se consiguieron las mejoras en la administración de justicia, ni eliminar el abuso a los indios, continuando la corrupción insertada en el sistema, asuntos que continuaron pendientes y llegaron hasta la República.

Los Departamentos y la administración, en los inicios de la República

Con la llegada del general José de San Martín y la Expedición Libertadora, los Departamentos se instalan sobre las Intendencias, en plena guerra de la independencia del Perú. De esta manera, según el Reglamento Provisional del 12 de febrero de 1821, se estableció la organización político-administrativa de los territorios libres. Entonces, sobre las Intendencias de Trujillo, de parte de la de Tarma y de la Lima, se crearon los primeros departamentos: Trujillo, Lima, Huaylas y La Costa.

Las autoridades estaban compuestas de la siguiente manera: a la cabeza, el Presidente del Departamento, – que luego se le denominó Prefecto -,quien contaba con atribuciones políticas, militares y judiciales. Le seguía en jerarquía, el Gobernador, que reemplazó a los Subdelegados, el cualteníasimilares facultades políticas, militares y judiciales en el ámbito de las provincias o partidos; además se creó el cargo subordinado de Teniente Gobernador, cuya jurisdicción abarcó a las villas, pueblos y lugares.

Entonces, en el tránsito del virreinato a la naciente República, pasando por el breve periodo del Protectorado, se produce un traslado de funciones: del Intendente al Presidente de Departamento o Prefecto, manteniéndose las mismas funciones políticas, económicas, militares, cívicas y judiciales del antiguo régimen; es decir, en el gobierno interior del nuevo estado se produjo la continuidad jurídico-política de la administración virreinal, sin variaciones sustantivas. Es más, al preservar el sistema las funciones de administración de justicia, se asienta una concentración de poderes que se mantendría años después, no obstante que el nuevo estado pugnaba en su intención de evitar la injerencia política, principalmente en el aspecto judicial. Con esto, no se enmendaron los errores del viejo sistema colonial y se mantuvo los factores que dieron aliento a la corrupción en el siglo XIX.

En ese contexto, el Prefecto se convierte en el ejecutor directo de las órdenes de gobierno, siendo una de las autoridades esenciales del nuevo estado. Ejercían su cargo con dinamismo en el desarrollo de sus responsabilidades de administración económica en su jurisdicción, incluyendo la recaudación y manejo de las rentas del estado; su potestad de aumentar la milicia; la vigilancia del desempeño de empleados y proponer mejoras; supervisar también la aplicación de la justicia de manera imparcial y velar por la moral pública, la sanidad y cultura.

Con el establecimiento del estado republicano, los primeros Departamentos reciben también la extensión territorial de las antiguas Intendencias y con las sucesivas legislaciones de la naciente república, se produce el perfeccionamiento del régimen de gobierno interior a lo largo del siglo XIX. Así, de 1821 a 1860, se establecen ocho constituciones y cinco reglamentos que en el tiempo afirman la estructura departamental de la República, con autoridades integrantes del sistema de Prefecturas, compuesto por: Prefectos, Subprefectos y Gobernadores.

El prefecto era la máxima representatividad del estado en los departamentos, con poderes políticos, económicos, militares y de justicia, con un elevado nivel de autonomía. Por ello, los presidentes escogían prefectos leales, quienes a su vez forjaban alianzas de poder a nivel local.[xvi]Por su parte, los subprefectos se abocaron a la recaudación fiscal, tranquilidad y orden en la provincia. La duración en el cargo de estas autoridades fluctuaba entre dos a cuatro años, pudiendo ser removidos por su conducta y en algunos casos ser reelegidos. En este sistema cabe anotar la poca eficiencia de los gobernadores, el último eslabón donde hubo mayores dificultades para seleccionar autoridades capacitadas para el cargo.

En tal contexto,la mayoría de estas autoridades para el gobierno interior del territoriofueron militares, seleccionados por su experiencia o por su participación en las campañas de la independencia, lo que acrecentó su poder local y en muchos casos saltar al poder nacional.Con ello, los militares alcanzaron una importante cuota de poder que favoreció el caudillismoal inicio de la república.

En opinión de Alfonso Quiroz, éste relaciona a los caudillos militares con las redes de patronazgo que surgían con la decadencia del sistema virreinal y la debilidad de las nuevas instituciones republicanas. Menciona Quiroz que estos caudillos reprodujeron las redes de patronazgo que antes encabezaba el virrey y otros oficiales realistas, sus antiguos jefes. Agrega, que las conexiones establecidas entre los caudillos militares, la administración estatal y cómplices privados, definieron los círculos de patronazgo después de la independencia.[xvii]

Empero, en los inicios republicanos, también existieron normas que buscaban evitar la corrupción e impunidad. Así, mediante Decreto de 1830, para la selección de autoridades, tanto civiles como jefes militares, se debía tener en cuenta a los “ciudadanos de fortuna conocida”. Además, no existieron impedimentos para la fiscalización; tal es el caso de la Prefectura del Cusco, a cargo del general Agustín Gamarra, donde todos los subprefectos nombrados por éste, afrontaron procesos judiciales relacionados con el uso de los fondos que recaudaban, y el mismo Gamarra mostró interés en que se lleven adelante estos asuntos ante los tribunales.

En conclusión, el régimen administrativo de gobierno instaurado a inicios de la república adoptó el régimen de las intendencias, sobre los cuales se implementaron los departamentos, sin producir cambios significativos en la estructura de gobierno interior; por tanto, heredó su arraigamiento colonial, sin solucionar una de sus principales falencias: la corrupción.Como refiere Quiroz, la República no pudo establecer una adecuada división de poderes, ni tuvo la tradición de aplicar los pesos y contrapesos constitucionales; por tanto, las nuevas estructuras de poder surgidas con la independencia, se asentaron en las redes de patronazgo de origen colonial.[xviii]

Más aún, a esta situación, se debe sumar la coyuntura de inestabilidad política de las primeras décadas republicanas; donde, a diferencia de otros estados nacientes como Chile, Colombia y Venezuela, que no sufrieron pérdidas territoriales y orientaron sus esfuerzos a la consolidación interna de sus repúblicas, el Perú republicano emergió rodeado de cuatro vecinos y sin haber demarcado sus extensos límites fronterizos; y tuvo que afrontar guerras con Colombia, Bolivia, Chile, España, invasiones y otras tensiones internacionales en la definición de sus fronteras y la defensa de su propia integridad territorial. Además, constituía reto enorme emprender el progreso en un país quebrado económicamente luego de la independencia, con grandes dificultades paravencer lageografía para la comunicación; ycontando con una sociedad fracturada, entre una reducida clase ilustrada y la gran masa indígena.

En este escenario político, administrativo y social, se mantuvo el vicio de la corrupción, que se haría latente a lo largo del siglo XIX, en mayor o menor magnitud, a medida del desarrollo del país. Casos emblemáticos de esta era son los arrendamientos y consignaciones derivadas de la riqueza falaz del guano;el contrato Dreyfusen el monopolio de dicho producto;los contratos con Henry Meiggs para la construcción de redes ferroviarias; el contrato Grace, para el pago de la deuda externa del periodo 1869-1872, con sus ventajas y desventajas, pero necesario para la reconstrucción nacional luego de la guerra con Chile; entre otros.

Por tanto, para entender el problema estructural de la corrupción en la República y emprender una vez más su erradicación, debemos empezar por analizarla heredad recibida del fuerte arraigo colonial que se mantuvo en los inicios del estado republicano; y quea puertas del bicentenario de la independencia, nos revelan la trascendental necesidad de solucionar este flagelo, para asegurar en el tiempo la integridad moral y prosperidad sostenible del Perú.

[i]Guaman Poma de AyalaFelipe,El primer nueva corónica y buen gobierno,Versión digitalizada de latranscripción del manuscrito en Biblioteca Real de Dinamarca, Copenhague, 2004.
[ii]Ibidem, p. 493 [497]
[iii] Ibídem, p .929 [943]
[iv] Ibídem, p .921 [935]
[v]Juan Jorge y de Ulloa Antonio, Discourse and Political Reflections on the Kingdom of Perú. Their Government, Special Regimen of Their Inhabitants, and Abuses Which Have Been Introduced into One and Another; with Special Information on Why They Grew Up and Some Means to Avoid Them. 1978.
[vi] Quiroz Alfonso W., Historia de la corrupción en el Perú, Lima: IEP, 2ª. Ed., 2013.
[vii]Juan Jorge y de Ulloa Antonio, Noticias Secretas de América: Sobre el estado naval, militar, y político de los reynos del Perú y provincias de Quito, costas de Nueva Granada y Chile: Gobierno y régimen particular de los pueblos de indios: cruel opresión y extorsiones de sus corregidores y curas: abusos escandalosos introducidos entre estos habitantes por los misioneros: causas de su origen y motivos de su continuación por el espacio de tres siglos, Londres, 1826.
[viii]Fisher Jhon, Gobierno y Sociedad en el Perú Colonial: El Régimen de las Intendencias, 1784-1814, Lima: PUCP, 1981, p. 29.
[ix]Ibídem, p. 31.
[x] En Quiroz Alfonso W., Op. Cit., p. 53.
[xi] Fisher John, Redes de Poder en el virreinato del Perú, 1776-1824: Los Burócratas. En Revista de Indias, 2006, Vol. LXVI, Nº 236, España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2006, p. 154.
[xii]Ibídem, p. 154.
[xiii]Ibídem, 159.
[xiv] Fisher 1981: Op. Cit., p. 74-75
[xv]Hampe Teodoro y Gálvez José, De la Intendencia al Departamento (1810-1830): Los cambios en la administración pública regional del Perú, Lima: R.H.A. Nº 125, Jul-Dic 1999; y Fisher 1981: Op. Cit. p. 95, 100.
[xvi]Walker Charles, De Túpac Amaru a Gamarra, Cusco y la formación del Perú Republicano 1780-1840, Cusco: CBC, 1999, p. 169
[xvii] Quiroz Alfonso W., Op. Cit., p. 110-111.
[xviii] Ibídem, p.86

 

Juan Urbano Revilla – XXXII CMLP / (…)

General EP, Master of Science in National Resource Strategy, “NationalDefenseUniversity” – Washington D.C.- USA y en el “George C. Marshall, European Center for Security Studies”, en Garmish-Partenkirchen – Alemania; con estudios castrenses en centros académicos de Canadá, China y Colombia.  Escuela Militar de Chorrillos 1982, Ingeniero Militar.  Investigador y Miembro de Número del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú. Además, es Ingeniero Civil en ejercicio, con PostGrados en universidades nacionales; y cursa el Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia en la UNMSM.

Deja un comentario