Editorial de El Comercio

El sismo político no ha cesado aún. El miércoles, se hizo público que la constructora Odebrecht informó a la Comisión Lava Jato del
Congreso que había pagado millones de dólares a las compañías First Capital y Westfield, vinculadas al presidente Pedro Pablo  Kuczynski, entre los períodos 2005-2013 y 2004-2007, respectivamente. Este último lapso coincide con las épocas en que el economista se desempeñó como ministro de Economía y primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo.

Como adelantábamos ayer, por la seriedad de las imputaciones que ahora enfrenta Kuczynski y el tenor de las reacciones de diversas agrupaciones en el Congreso, su permanencia en el máximo cargo del Ejecutivo enfrenta un peligro real. Las bancadas de Fuerza Popular, Apra, Alianza para el Progreso y Nuevo Perú solicitaron ayer su renuncia. Y ante la decisión comunicada anoche por elpresidente de “defender” su “verdad”, se abre la puerta a que, si se probase infructuoso en su tarea, el final de esta historia se decida por otra vía: la vacancia presidencial. Esta opción, que de confirmarse deberá seguir las reglas constitucionales, ya ha sido planteada por la bancada frenteamplista y por la apepista.

Mientras esperamos el desenlace, no podemos dejar que la inmensa gravedad de un posible cambio presidencial nos desvíe del hecho de que la eventual salida del mandatario no es lo único que está en juego actualmente. También lo está el respeto a las instituciones del país, incluida nuestra Constitución Política.

Así, las actitudes oportunistas no se han hecho esperar desde la izquierda, que pretende usar el delicado momento que vive el país para impulsar cambios que nada tienen que ver con lo que ahora nos atañe, pero sí con sus propios intereses. El Frente Amplio, por ejemplo, ha repetido una de las propuestas de su plan de gobierno: una nueva Carta Magna. “También planteamos […] la […] elección de una nueva Constitución. […] Por la sencilla razón de que la corrupción es fruto de una Constitución que lo permite”, señaló su vocero Wilbert Rozas. No queda claro, sin embargo, qué remedio mágico traería consigo esta medida.

Por su parte, Verónika Mendoza, lideresa de Nuevo Perú, consideró que esta “es la oportunidad histórica […] de refundar la política, de refundar nuestra patria y para eso no podemos esperar que esta clase política haga esa renovación. Esa renovación tiene que venir de abajo”, sonando más como candidata que como lideresa preocupada por la estabilidad del país.

No son pocos los políticos, por otro lado, que han aprovechado este momento para seguir asestando golpes contra el titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde, acusándolo de blindaje . El congresista Héctor Becerril, por ejemplo, señaló: “Fiscal Pablo Sánchez ahora que ya conoce que el Pdte. PPK ha recibido coimas […] ¿Va a tomar alguna acción o el blindaje es a toda costa?”. “El Ministerio Público juega en pared con el gobierno”, añadió la parlamentaria Yeni Vilcatoma. Por su parte, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, cuestionó a la Fiscalía: “La Fiscalía presidida por el Dr. Sanchez [sic] ¿no supo, no indagó, no allanó sobre los pagos de Odebrecht a First Capital y a Westfield (PPK)?”.

La intensificación de los ataques al fiscal de la Nación –sobre quien ya pesaban dos flojas denuncias constitucionales presentadas por los parlamentarios Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma y una similar planteada por esta última ante el Consejo Nacional de la
Magistratura– deben llamar a la ciudadanía en general a la preocupación y alerta.

Con todas las críticas que corresponde realizar al Ministerio Público, el solo dato de que los diversos fiscales han abierto investigaciones contra los representantes y ex funcionarios de prácticamente todas las agrupaciones políticas vinculadas con el Caso Lava Jato es una muestra razonable de imparcialidad. Y los avances que se pueden exhibir en un caso de monumental complejidad (entre los que se cuentan múltiples procesos contra ex funcionarios públicos de diversos gobiernos) deberían llevarnos a tomar conciencia de la trascendencia de que los organismos del sistema de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, actúen con suficiente autonomía. Y de que se encuentren también protegidos de los interesados ataques políticos que empiezan a enfrentar, como también sucedió en Brasil y otros países a los que llegó la trama de corrupción de Odebrecht y otras empresas.

El río está revuelto y queda pendiente la corroboración de las explicaciones que dio en su tardío mensaje el presidente Kuczynski.
Pero no por eso se puede aceptar que algunos pescadores busquen sus ganancias personales a costa de los intereses del país.

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