La modernización del Estado

De la justa huelga magisterial a la politización de la huelga

Luis Herrera Romero XXXIX

Encontrarnos en el extranjero y comprobar por los medios y redes sociales la crisis generada por una larga huelga magisterial que ha puesto en jaque a nuestro sistema político, nos hace pensar como gestores públicos sobre las deficiencias que el estado peruano tiene para poder solucionar los reclamos no solo del magisterio sino también de otros grupos laborales que reclaman con razón incrementos salariales para mejorar su calidad de vida.

Y estas deficiencias no tienen otra explicación que no haber logrado implementar la tan ansiada modernización de la administración pública; a lo largo de cincuenta años se promulgaron cinco[1] normas para ello sin resultados reales; por el contrario su tamaño fue creciendo a cerca de 1 millón cuatrocientos mil servidores, calificados o no, gracias a las normas populistas de diversos gobiernos y congresos, reincorporaciones judiciales y favoritismo abierto para usufructuar los puestos mejor pagados gracias a normas como la ley 29806 que regula la contratación del personal altamente calificado y el decreto supremo N° 021 – 2017 – EFE que amplió dicho beneficio a los bachilleres. El estado se ha vuelto el sustento de muchos, con capacidad o no, por eso la negación a ser evaluados, todos usufructúan de él pero nadie está dispuesto a obedecer sus disposiciones.

Esto coloca en debate el rol de SERVIR para establecer la política nacional del servicio civil y el sistema único de remuneraciones que serían las herramientas para nivelar y acabar con las inequidades salariales que se reclaman. Esta política es clave para ordenar la administración pública, pero en la práctica SERVIR ha hecho poco para ello, limitándose a impulsar un proceso de transito que poco o nada ha ayudado a mejorar la administración pública; por otro lado, poderes del estado como el congreso perforan la evaluación cuando aprueban la Ley 30647 que excluye a su personal de la Ley del Servicio Civil, al igual que el poder judicial y otras entidades del sistema de administración de justicia que se niegan a adoptarla, olvidando que el estado peruano en uno solo e indivisible.

Por otro lado la huelga magisterial ha reafirmado la ausencia de una ciudadanía democrática en los reclamos sindicales: El cierre de carreteras, destrucción de propiedad pública, invasión de una pista de aterrizaje que pudo ocasionar un desastre aéreo, obstrucción del turismo y otras acciones, todas ellas sancionadas por la ley, se convierten en letra muerta ante una huelga que se radicaliza y que considera que sus reclamos le otorga el derecho de afectar a los demás; sin que el estado formal logre intervenir y controlar dichos desmanes.

Estas acciones violentas hacen pensar que el accionar político de los grupos terroristas recompuestos en nuevas organizaciones se habría mimetizado dentro de la lucha sindical, tanto más si escuchamos a algunos de sus dirigentes denostando de Patria Roja – aquella que se niega a declarar que Venezuela se ha transformado en una dictadura y que en los años 80 declaraban que sendero había equivocado la estrategia sin condenar sus acciones terroristas – acusándolos de haber traicionado las luchas sociales, por lo que es válido que surja la pregunta ¿qué es más extremo que patria roja?, esa es la incógnita que los representantes de la huelga deben deslindar en su discurso y acciones separando la paja del trigo, tanto más si el reclamo económico ha sido atendido con la promulgación del Decreto de Urgencia N° 011-2017. Su tozudez afecta a más de un millón de niños y deja de ser reivindicativa para transformarse en política.

Por eso la solución a la huelga es política por lo que planteamos las siguientes acciones:

Plantear las acciones para que se lleven elecciones transparentes en el SUTEP y el gremio escoja democráticamente a sus representantes a nivel nacional; la lucha política debe darse al interior del sindicato.
Derogar las disposiciones que excluyan a entidades de la administración pública de la aplicación de la Ley SERVIR, con las excepciones de Fuerzas Armadas y Policiales.
Aprobar la política nacional del servicio civil con el sistema único de remuneraciones.
Estas acciones deben comunicarse y plantearse abiertamente, la única forma de combatir el radicalismo es desenmascararlo y enfrentarlo con acciones políticas claras que atiendan el reclamo social y ubiquen el conflicto político sindical en su real dimensión; así como lograr que la administración pública responda de manera efectiva a la tan ansiada meritocracia, recién ahí iniciaremos el proceso de reconciliación que el país necesita. ¡Lo necesitamos!

[1] Decreto Ley 20316 12/12/1973 Ley Orgánica del INAP Transformar la Estructura del Estado, haciéndola más dinámica e eficiente para una mayor acción de gobierno.

004-91-PCM 08/01/1991 Declaran en estado de reorganización a todas las entidades públicas comprendidas en el Gobierno Central, Gobiernos Regionales, Instituciones Públicas Descentralizadas, Corporaciones de Desarrollo y Proyectos Especiales

Decreto Legislativo 834 20/07/1996 Ley Marco de Modernización de la Administración Pública

D.S. 109-2012-PCM Estrategia de modernización 2012 – 2016

DS 004-2013-PCM 09/01/2013 Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

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