“Me estoy sometiendo a ti”

 “El señor Alarcón es idóneo para cualquier cosa, menos para ser contralor general de la República”

 

El contralor de la República, Edgar Alarcón, ha dicho en reiteradas ocasiones que no ha cometido ningún acto irregular y que por eso no va a renunciar. (Archivo El Comercio)

El contralor general de la República debe ser removido del cargo. No es una persona idónea para ejercerlo. No cumple al menos uno de los requisitos establecidos por la ley. Entre otros, destaca un requisito para ser contralor general: “Tener conducta intachable y reconocida solvencia moral e idoneidad moral” (art. 28, inciso f, Ley 27785). El señor Edgar Alarcón no es intachable en su conducta y carece de idoneidad moral para ejercer tan importante cargo. El funcionario se dedicó a la compraventa de autos usados de lujo, incluso mientras fue vicecontralor. El artículo 33 de la ley mencionada se lo impedía. Alarcón no solo infringió la ley en ese momento, sino que trató de evitar que su caso pasara por las instancias correspondientes. Al auditor que detectó la irregularidad le sugirió retirar la denuncia llevada al Congreso y le propuso hacer ante él sus descargos.

Si bien el contralor se muestra dispuesto a ir al Congreso, le hace esta propuesta ilegal y deshonesta al auditor. “Yo me estoy sometiendo a ti”, le desliza ladinamente el contralor general a su auditor, en una conversación difundida por “Cuarto poder”. La propuesta es ilegal porque nadie debe pretender sustituir al Congreso con un auditor. Es deshonesta porque pretende arreglar las cosas entre cuatro paredes entre dos personas, evitando la vía institucional.

No podemos tener un contralor general de la República que se “someta” a ninguna persona, entidad, empresa o poder del Estado. El contralor debe ser alguien cuya conducta no lo lleve al sometimiento ante nadie ni nada.

El caso de los automóviles llama la atención. El contralor hizo operaciones por 182.550 dólares. No constituyó una empresa (estaba impedido) y no declaró las operaciones.

En su descargo ha dicho que las operaciones eran menores y que esos ingresos se diluían en los gastos corrientes de su familia. De acuerdo con una pesquisa de El Comercio, sus operaciones en Lima dan un resultado negativo de 22.655 dólares.

¿Financió Alarcón su afición a “los fierros” con su sueldo? No está así registrado en sus declaraciones. Las operaciones son realmente extrañas. Por ejemplo, en el 2013 Alarcón adquirió una Audi Q7 por 35.000 dólares. Dos años después la vende por 8.000 dólares menos. No se trata, entonces de un negocio de compraventa, en el que siempre se vende a más de lo que se compra.

En el 2009, por dar otro ejemplo, adquirió una Volvo XC90 por 13.500 dólares y la vendió el mismo año por 33.000 dólares. Un margen de casi 20.000 dólares, monto sin embargo irrisorio que, según Alarcón, desaparecía entre los gastos corrientes de su casa.

El contralor ha dicho que estas denuncias se deben a que es una piedra en el zapato. No lo es. Su informe sobre el caso de Chinchero revela que no es técnico y que más bien es político.

¿Acaso se “sometió” Alarcón? ¿Quiso crear una coartada para después decir que lo acusaban por eso? No se puede saber, pero sí se puede especular. Y eso es lo que no debe permitir una persona moralmente idónea en un cargo tan delicado.

La denuncia fue presentada al Congreso. Ahí fue neutralizada. No trascendió. Quedó durmiendo el sueño de los justos. El Congreso suele estar muy dispuesto a las interpelaciones de ministros, pero cuando llega una denuncia como esta, traspapela los documentos, hace más burocráticos los procedimientos, demora las respuestas y esconde las pruebas.

Tendrá que hacer algo muy claro el Congreso, ahora, para no quedar como cómplice de una persona moralmente no idónea para ocupar el cargo de contralor general de la República. El señor Alarcón puede ser idóneo para comprar y vender autos, pero no lo es para declarar sus operaciones o para formalizar sus pérdidas o ganancias.

El señor Alarcón es idóneo para cualquier cosa, menos para ser contralor general de la República.

El Congreso tiene que removerlo del cargo. A no ser que al Congreso le convenga en la contraloría alguien tan dispuesto al “sometimiento”.

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